Castillo, quien cumple 36 meses de prisión preventiva en el Penal de Barbadillo, en Ate, enfrenta también cargos por colusión simple y tráfico de influencias agravado en perjuicio del Estado.
A través de su defensa legal, el exmandatario presentó un recurso de excepción de improcedencia de acción, argumentando que los hechos descritos por la Fiscalía no configuran el delito de organización criminal.
Su equipo jurídico sostiene que no existe una organización cuyo objetivo sea la “comisión de delitos graves sancionados con pena privativa de libertad mayor de seis años”, tal como lo exige la ley 32108, que modifica el Código Procesal Penal y la Ley contra el Crimen Organizado.
El recurso fue presentado ante el juez supremo Juan Carlos Checkley, quien programó una audiencia virtual para el miércoles 12 de febrero a las 11:30 a. m, donde se evaluará la solicitud de Castillo, quien participará desde el centro penitenciario donde se encuentra recluido