Por: Isaac Humala Núñez
Que el Partido Antauro no figure en el ROP es un imposible jurídico. En efecto, el JNE y la ONPE saben que en la Ley de Partidos se ha omitido la entidad excepcional del Poder Judicial que revise lo resuelto en primera instancia por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema. Hasta este instante, no existe tal instancia. Esto significa que lo actuado por la Tercera Sala Civil no solo es nulo, sino una aberración. Ha incurrido en el delito de usurpación de funciones.
Constitución. Artículo 46:
“La población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional. SON NULOS LOS ACTOS DE QUIENES USURPAN FUNCIONES PÚBLICAS”.
Con la complicidad de la Sala Constitucional y Social, la Tercera Sala Civil de la Corte Suprema se arrogó el derecho de conocer la apelación. Su sentencia, en segunda instancia, confirma por unanimidad la ilegalización del Partido Antauro.
Si el asunto todavía no ha salido de la Corte Suprema, puede solucionarlo la actual presidenta, Dra. Yaneth Tello, declarando nulo lo actuado por la Tercera Sala Civil y resolviendo este problema en el Plenario de la Corte Suprema. Este Plenario se limitaría a recomendar que los autores de esta aberración jurídica sean sometidos a la Junta Nacional de Justicia (JNJ):
La mayoría de los fiscales supremos que aprobaron el texto de la demanda de ilegalización del Partido Antauro.
Los cuatro de los cinco vocales de la Sala Constitucional y Social, quienes debieron declarar improcedente la demanda, pues esta se basa únicamente en declaraciones del mayor Antauro, lo cual NO ES CAUSAL DE ILEGALIDAD.
Los únicos alegatos válidos deben ser infracciones a la democracia. Las opiniones y/o declaraciones son solo dichos y pertenecen al campo del libre pensamiento u opinión de los miembros del Partido Antauro, amparados en el artículo 1° de la Constitución. Aquellos que se sientan afectados tienen la vía de la querella.
Con la constancia en mano de que el partido figura en el ROP, debe empezar la campaña electoral a lo largo y ancho del país, exigiendo la inmediata ejecución de la deuda de las transnacionales ($9,000 millones), suficiente para cancelar la deuda externa y solventar Petroperú. Además, se debe exigir la prohibición de la exportación de minerales en forma de concentrados de cobre, de los cuales solo nos pagan por el cobre y se adueñan del resto del concentrado.
La presidenta Yaneth Tello debe someter a la JNJ a todos los implicados en la aberración de la ilegalización del Partido Antauro, por falta de idoneidad.
Es una buena oportunidad para reanimar la campaña del Partido Antauro y abrir sus puertas a la mayor cantidad posible de patriotas peruanos.