San Francisco. Una jueza federal ordenó al gobierno del presidente Donald Trump que restablezca temporalmente el financiamiento de los programas que prestan servicios legales a los niños no acompañados en procedimientos de inmigración.
La jueza de distrito de San Francisco Araceli Martínez-Olguín emitió a última hora del martes una orden de restricción temporal que bloquea a la administración Trump la posibilidad de recortar los fondos que los defensores afirmaron que eran cruciales para garantizar que 26 mil niños pudieran mantener a sus abogados.
Mantener los servicios de representación garantiza que los menores tengan acceso a representación legal y protección contra la trata, escribió Martínez-Olguín.La jueza, quien fue designada por el ex presidente demócrata Joe Biden, señaló en su decisión que el Congreso ha asignado constantemente fondos para representar a los niños en los procedimientos de inmigración, y proporcionó más de 5 millones de dólares para ese fin en el año fiscal 2024.
La magistrada aseveró que los grupos activistas plantearon preguntas legítimas sobre si Estados Unidos violó la Ley de Reautorización de Protección de Víctimas de Trata, que se creó en 2008 y establece protecciones especiales para los niños indocumentados que necesitan ayuda para abrirse paso en el complejo sistema de inmigración.
Los demandantes afirmaron que algunos de sus clientes son demasiado jóvenes para hablar y otros están demasiado traumatizados y no saben inglés.
La orden entró en vigor ayer y se extenderá hasta el 16 de abril.El centro Acacia proporciona servicios legales para migrantes no acompañados menores de 18 años a través de una red de grupos de asistencia jurídica.
De estos grupos, 11 interpusieron la demanda, asegurando que había 26 mil menores en riesgo de perder a sus abogados y que el gobierno tiene la obligación de elaborar un plan para transferir los casos pendientes.En tanto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que hoy y mañana recibirán dos vuelos con migrantes venezolanos procedentes de Estados Unidos, donde los estaban cazando directamente, como parte del plan de gobierno Vuelta a la Patria, en momentos en que el canciller venezolano, Yván Gil, exhortó al sistema de la Organización de Naciones Unidas a exigir la restitución inmediata de los migrantes que fueron trasladados de Washington a El Salvador con el argumento de pertenecer al grupo delictivo Tren de Aragua.
Mientras, una pareja de colombianos migrantes, padres de tres hijas nacidos en el país, fueron deportados tras vivir 35 años en California, a pesar de no tener antecedentes penales, tras ser arrestados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos.Según una publicación en GoFundMe, las tres hijas adultas de la pareja, todas ciudadanas estadunidenses, aseguraron que sus padres nunca violaron la ley desde su llegada al país.