El expresidente Pedro Castillo enfrentará desde el 4 de marzo un juicio oral por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación del orden público.
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema fijó la audiencia para las 9:00 a.m. y citó también a varios exfuncionarios de su gobierno, quienes deberán responder ante la justicia por su rol en el fallido intento de disolución del Congreso el 7 de diciembre de 2022.
El Ministerio Público solicitó una pena de 34 años de prisión para Castillo, así como el pago de S/ 65’419,038.53 en concepto de reparación civil a favor del Estado.
La acusación lo señala como coautor del delito de rebelión y autor de abuso de autoridad, además de atribuirle la grave perturbación de la tranquilidad pública.
Junto con Castillo, también serán procesados la ex primera ministra Betssy Chávez y el exministro del Interior Willy Huerta, para quienes la Fiscalía pidió 25 años de cárcel por su participación en los hechos. Además, la lista de acusados incluye a los exministros Aníbal Torres y Roberto Sánchez, quienes también afrontan cargos por rebelión.
Las audiencias se desarrollarán bajo una modalidad mixta: de manera presencial y virtual. El exmandatario seguirá el proceso desde el penal Barbadillo, donde permanece recluido desde diciembre de 2022.
La Fiscalía estructuró su acusación en torno a la proclamación de un gobierno de excepción que Pedro Castillo declaró el 7 de diciembre de 2022, cuando anunció la disolución del Congreso, la reorganización del sistema de justicia y el establecimiento de un régimen de emergencia con toques de queda.
En el expediente fiscal se alega que Castillo actuó con premeditación y que su declaración pública constituyó un acto de rebelión, al buscar alterar el orden constitucional e impedir el funcionamiento de los poderes del Estado.
En esa misma línea, la ex primera ministra Betssy Chávez es señalada como pieza clave en la ejecución del golpe, al haber respaldado el mensaje presidencial y coordinado su difusión.
El juicio determinará si las pruebas presentadas por la Fiscalía sustentan la responsabilidad penal de los acusados. En caso de una sentencia condenatoria, Castillo y sus exministros enfrentarían décadas en prisión, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
El proceso se desarrollará en varias sesiones y estará marcado por el testimonio de testigos, el análisis de documentos y la exposición de argumentos de ambas partes.