El mandatario Donald Trump firmó una orden ejecutiva que contempla sanciones económicas y de viaje a quienes ayuden en las investigaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre ciudadanos estadounidenses o aliados de Estados Unidos, como Israel. El mandatario afirma que la CPI ha emprendido «acciones ilegítimas e infundadas contra EE. UU.» e Israel.
En noviembre, la CPI, con sede en La Haya, emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant por presuntos crímenes de guerra en Gaza. Al mismo tiempo, emitió una orden de arresto contra un alto dirigente del grupo islamista palestino Hamás.
El mandatario estadounidense consideró en su orden ejecutiva que la CPI ha emprendido «acciones ilegítimas e infundadas contra Estados Unidos» e Israel, definido como un «aliado estrecho», y ha «abusado aún más de su poder al emitir órdenes de arresto infundadas».
Esta medida coincide con la visita del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a Washington de esta semana.
La CPI, que cuenta con 125 miembros, es un tribunal permanente que puede juzgar a personas por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, genocidio y crímenes de agresión contra el territorio de los Estados miembros o cometidos por sus nacionales. Estados Unidos, China, Rusia e Israel no son miembros.
«Una conducta maligna»
Según Trump, las recientes acciones de la CPI «sientan un precedente peligroso, poniendo en riesgo directamente al personal actual y anterior de Estados Unidos, incluidos los miembros en servicio activo de las Fuerzas Armadas, al exponerlos a acoso, abuso y posible arresto».
Esa «conducta maligna», en su opinión, «amenaza con infringir la soberanía de Estados Unidos y socava la labor crítica de seguridad nacional y política exterior del Gobierno estadounidense» y de sus aliados.
El documento entiende por aliado el gobierno de un país miembro de la OTAN o de un socio destacado que no pertenezca a esa organización.
Rusia también tiene en la mira a la corte ya que, en 2023, la CPI emitió una orden de arresto contra el presidente Vladimir Putin, acusándolo del crimen de guerra de deportar ilegalmente a cientos de niños de Ucrania.
Rusia ha prohibido la entrada al fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, y lo ha incluido a él y a dos jueces de la CPI en su lista de personas buscadas.